EL PT PROPONE INICIATIVA A LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS ARTÍCULOS 3° Y 73° CONSTITUCIONAL.

EL PT PROPONE INICIATIVA A LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS ARTÍCULOS 3° Y 73° CONSTITUCIONAL.

EDUCACIÓN PARA LA 4ta TRANSFORMACIÓN.

El PT  presentó un poco antes que el Presidente de la República su Reforma pero va pegada de la mano al desarrollo de ambas.

Benjamín Robles Montoya Diputado Federal del Partido del Trabajo (PT) asistió a la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca acompañado de Diputados Locales y profesores, así como el Presidente de la Mesa Parlamentaria de Congreso Local Cesar Morales Niño y  los Ponentes en la materia
Dra. Angélica Rivadeneyra Villares
Dr. Julio Cesar Velasquez Gracia
Mtro. Julian Gonzales Villareal,
en  dónde presentó su Reforma Educativa que es basada a la enseñanza comunitaria en dónde se reflejará los derechos de los pueblos originarios sin perder las tradiciones, historia y cultura. Así también comentó que su iniciativa propone generar un sistema educativo congruente con los diversos contextos socio culturales y lingüísticos de México desmantelando las estructuras que discriminan, racializan, esclavizan y colonizan.

Entre los beneficios se encuentra.

*Garantizar la educción.
*Busca una educción descolonizadora.
*Garantiza el acceso a todos los niveles.
*Restablece derechos laborales.
*Recupera normales indígenas y rurales.
*Impulsa la educación a distancia.
*Fortalece la autonomía universitaria.
*Elimina la evaluación docente
Entre otros.

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Propone Benjamin Robles robustecer legislación contra la corrupción

*Plantea eliminar resquicios de impunidad en Ley General de Responsabilidades Administrativas

*Ley actual prácticamente legaliza la opacidad, asegura

Toda vez que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prácticamente legaliza la opacidad al contener resquicios de impunidad, el senador  de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa para eliminar esas lagunas legales que aprovechan los funcionarios para elevar los índices de corrupción.

Precisó que el actual ordenamiento, en los artículos 5 y 50, contiene preceptos que ocultan información a la población, impiden acceder a los registros de sanciones y permiten que el servidor público sea quien decida dar a conocer o no sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

“La presente iniciativa plantea algunos ajustes para fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas eliminando resquicios de impunidad que intencionalmente o no, quedaron plasmados en su contenido, proponemos que los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los entes públicos y órganos de gobierno de las entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales sean considerados como servidores públicos para los efectos de dicha ley, no hay razón para que no lo sean, máxime cuando realizan una función y por esa función reciben una remuneración y prebendas institucionales, es una incongruencia que ante todo ello no se les considere servidores públicos”, dijo enfático Benjamín Robles.

Ejemplificó que en el artículo 5 se excluye como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado; mientras que el artículo 50 establece la posibilidad de que la autoridad resolutoria se abstenga de sancionar, cuando el daño o perjuicio al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Ante esta situación, Benjamín Robles, quien en su natal Oaxaca se ha caracterizado por ser un férreo luchador contra la corrupción, propuso que en el artículo 5 se considere a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, como servidores públicos, así como derogar el cuarto párrafo del artículo 50.

Aunado a ello, planteó una reforma al artículo 27 para señalar que en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional se publiquen las constancias de sanciones o de inhabilitación en contra de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas sean graves o no.

La iniciativa se envió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.