Los funcionarios públicos que relajan la #SanaDistancia o los lineamientos de cuidado y prevención de salud pública, que dictan las autoridades en la materia, deben ser sancionados y debe configurarse una consecuencia en la investidura que ostentan, asentó el diputado César Morales Niño.
Por esas razones, dijo, presentó una iniciativa que propone reformar diversos artículos de la Ley Estatal de Salud y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de #Oaxaca.
Al reiniciar este miércoles las sesiones ordinarias de las LXIV Legislatura local, explicó que respecto a la Ley de Salud, la iniciativa contempla otorgar facultades a las autoridades sanitarias para la verificación del cumplimiento de sanitización o higiene sanitaria en los centros laborales, dependencias públicas, centros comerciales, escuelas, entre otros.
En caso de desacato de las medidas sanitarias por parte de las autoridades estatales o municipales, la Secretaría daría vista a las autoridades políticas, penales o administrativas correspondientes, expuso el también integrante de la Comisión Permanente de Salud.
En cuanto a la Ley Orgánica Municipal, comentó desde su curul, se propone regular como causa grave para la revocación del mandato de algún miembro del #Ayuntamiento, cuando se incurra en el desacato de las medidas sanitarias o protocolos de salud pública, tratándose de emergencias sanitarias, epidemias, o cualquier crisis de salud.
Y es que son varios los casos que se han dado en nuestra entidad, donde diversas autoridades municipales, en plena contingencia, han fomentado y han llevado acabo fiestas patronales, sociales o religiosas, donde no existe ningún tipo de control sanitario, se permiten reuniones masivas y se genera con ello focos de alto contagio de la actual pandemia de #Coronavirus, señaló Morales Niño.
Sin embargo, a pesar de ser un riesgo para la salud, a pesar de desacatarse todas recomendaciones sanitarias, no existe un marco normativo sancionatorio para las autoridades municipales o de cualquier otra índole que permita que se les impongan responsabilidades penales, políticas o administrativas, refirió el congresista.
“Ante esta situación, pedimos a las comisiones del Congreso del Estado dictaminar con urgencia las reformas presentadas”, asentó.
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